La Seguridad Privada ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos años una importancia creciente como consecuencia del incremento de la demanda de servicios de seguridad, impulsada por el aumento de la sensación, ampliamente difundida y socialmente asimilada, de que el Estado no es capaz de proveer dichos servicios en su integridad. Este nuevo escenario supone una alteración sustancial del principio básico del Estado moderno mediante el cual, éste disponía del monopolio exclusivo de la Seguridad. En este contexto, los actores privados han irrumpido con fuerza garantizando la seguridad a aquellos estamentos sociales que pueden permitirse financiarla, situándose el resto de los ciudadanos en una posición de desventaja en relación a un derecho que históricamente estaba garantizado.
Un elemento importante para entender la capacidad de presión política del sector privado es que su organización interna está muy fragmentada. Existen asociaciones empresariales de carácter sectorial, territorial, y por tamaño. También existen asociaciones de carácter profesional y los sindicatos juegan un papel importante. El sector de la seguridad privada entra en relaciones de conflicto y cooperación con diferentes entidades.
De ellas, las relaciones con el Estado y la Policía son especialmente significativas. En el modelo Español, el Estado conserva la responsabilidad última de la seguridad de la población y la seguridad privada desempeñaría un rol complementario y subordinado a él, pero resulta muy significativo que la propia Administración sea una gran consumidora de servicios auxiliares y de seguridad privados.
La cooperación espontánea entre seguridad pública y seguridad privada es limitada. Se dan pocos intercambios rutinarios de información y las actuaciones conjuntas o coordinadas son escasas, algo dificultado por el hecho mismo, interiorizado por la Policía, de que la Ley define la relación público-privado, no en términos de igualdad, sino de jerarquía.
La contribución de la seguridad privada para ofrecer respuestas a los nuevos problemas de seguridad va a depender, primero, del peso relativo de los diversos sectores económicos y del Estado como clientes y, segundo, del clima de confianza y cooperación con la Policía. Cabe esperar que ésta será mayor, en la medida que el Estado sienta que ejerce un control sobre el sector como regulador y, sobre todo, como comprador de servicios de seguridad.
En el futuro cabe espera que se mantenga un modelo de seguridad mixto con una mayor presencia privada y una estructura más concentrada. Se ha de recordar que actualmente hay ya varios países europeos con un mayor número de personas empleadas en la seguridad privada que en la pública y que todavía existe mucho terreno en España para la participación de la sociedad civil. En cualquier caso, importa no sólo el peso relativo de los tres ámbito sino, el encaje del modelo y las trabazones mutuas por vía de la regulación y por la de los contratos de servicios.
En cuanto al escenario normativo, resulta probable un marco regulador mucho más flexibilizado que el actual en España, aunque quizás no mucho más. Es lo que cabe pensar a tenor de las presiones, por un lado, del sector español hacia una mayor flexibilidad, de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, por otro, de los debates sobre el proceso de armonización que vive la Unión Europea.
En consecuencia, si se cumplen estas previsiones, la seguridad privada en España, con independencia del peso relativo de las plantillas policiales, va a conservar una gran relevancia en el sistema global de seguridad.
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